"Tenemos que aprender a mirar la cárcel como una institución de seres humanos"
Durante las jornadas realizadas con especialistas argentinos y extranjeros en el tema se presentó la nueva Maestría en Criminología y Seguridad Ciudadana de la UNTREF.
13-11-2017
En los últimos 20 años América Latina viene experimentando un crecimiento sostenido de los delitos patrimoniales y homicidios, y lo que parecería explicar ese escenario no es la pobreza sino la prosperidad. Este es el diagnóstico que hace Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV-UNTREF), quien sostiene que la mejora en los ingresos de gran parte de la población y el aumento en su capacidad de consumo afianzó el funcionamiento de los mercados ilegales. “Los mercados ilegales no son peligrosos en sí. Pero tienen un inicio violento, la sustracción del producto, que en ocasiones puede estar seguido de muerte”, afirmó Bergman en el marco de las Primeras Jornadas sobre Criminología y Seguridad Ciudadana realizadas en la Sede Rectorado Centro y organizadas por la nueva Maestría, el CELIV, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Friedrich Ebert.
Durante el evento, la Univerisdad presentó su Maestría en Criminología y Seguridad Ciudadana, que iniciará el año próximo, y que pretende formar a profesionales capaces de interpretar los nuevos y complejos escenarios del delito y de desempeñarse en la dirección, gestión y evaluación de las instituciones de seguridad ciudadana.
Según Bergman, las distintas situaciones de irregularidad que se dan dentro de un país son posibles porque hay una fragmentación de las capacidades de los Estados para atender el problema. De acuerdo a su visión, se presentan dos tipos de tendencias en la región: la de la baja criminalidad, con mercados ilegales razonablemente controlados y donde los delitos no son tan violentos, como sucede en Argentina, Chile y Perú; y la de la alta criminalidad, que presenta elevados niveles de violencia y una diversificación de las actividades delictivas, como ocurre en México.
“Cuando tengo comprada a la policía, además de pasar droga, puedo ampliar mi portfolio criminal y dedicarme al secuestro de personas o al robo y venta de gasolina”.
Junto al auge de los mercados ilícitos, otro motivo que explica la suba de homicidios es la militarización de la seguridad ciudadana. “Nos hemos convertido en el país más violento de América del Sur. El 90% de las muertes en Venezuela son ocasionadas por el uso de armas de fuego”, dijo con preocupación Verónica Zubillaga, de la Universidad Simón Bolívar. De acuerdo con la investigadora, esta aumento en el número de homicidios está directamente relacionado con las políticas de mano dura que se están implementando en el país actualmente. “Pasamos de 17 mil homicidios en 2015 a 21 mil en 2016 y también creció la proporción de agentes policiales asesinados”, remarcó.
En sintonía con su planteo, Rodrigo Serrano del BID expuso la necesidad de “reemplazar el discurso público de la punitividad por el de la prevención”. Para él, la región realiza un esfuerzo fiscal notable en materia de seguridad. En los últimos ocho años, el gasto en el área pasó de 80 mil millones de dólares a 130 mil millones. Pero si los indicadores revelan que no hubo ninguna mejora en la seguridad, el problema parecería estar en dónde se pone el foco:
“La inversión en prevención es totalmente marginal. La mayor parte del presupuesto se destina al policiamiento, investigación criminal, acusaciones y procesos judiciales”
Sin embargo, Serrano explicó que incluso por fuera de la discusión ideológica, existen argumentos económicos sólidos para salir del esquema reactivo. “En Estados Unidos se hicieron estudios que demuestran que las tutorías para adolescentes en riesgo generaron 8 dólares de retorno por cada dólar invertido”, graficó. Desde su óptica, otro de los grandes desafíos que enfrenta la región es impulsar sanciones alternativas al encarcelamiento para infractores no violentos y delitos de bajo impacto, tal el caso de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Chile.
Otros colegas se dedicaron a presentar resultados sobre el funcionamiento de las prisiones. Así, Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México, ofreció un panorama de las cárceles mexicanas desde un abordaje original.
“La mayoría de los estudios ponen el acento en los reclusos. Nosotros decidimos estudiar a los agentes del mismo sistema penitenciario, y llama la atención la cantidad de irregularidades que denuncian, cuando ellos mismos podrían considerarse responsables de la situación”
En este sentido, el 53% de los encuestados aseguró que abandonaría su trabajo si pudiera. Del informe se desprende que el tedio, la depresión, la ansiedad y el estrés son moneda corriente en esa ocupación. “Tampoco tienen en claro su función, si deben castigar o favorecer la reinserción de los internos. La sensación que tienen es que los derechos son sólo para los presos. Esto requiere de una reflexión profunda acerca de cómo siendo empleados tan sensibles para el Estado, sufren un abandono sistemático por parte de éste”, completó Azaola.
Su par, Guillermo Sanhueza, de la Universidad de Chile, aportó información valiosa desde la mirada de los reos. Como expresó, el malestar de muchos de ellos no pasa por cuestiones de infraestructura, sino que son las variables relacionales las que mayor peso tienen. El trato respetuoso y el hecho de recordarlos y llamarlos por su nombre son percibidos como fundamentales para los que vienen con una serie de desventajas sociales acumuladas. “Hay que darles a los gendarmes herramientas para que puedan desenvolverse mejor en la resolución de conflictos. Tenemos que aprender a mirar la cárcel como una institución de seres humanos”, concluyó.
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