Cárceles argentinas: en seis años empeoraron las condiciones y creció el hacinamiento

Las conclusiones se desprenden de un informe del CELIV que compara las situaciones de 2013 y 2019 y se basa en una encuesta realizada a más de 1000 personas en reclusión.

06-11-2020

El informe Población privada de libertad en Argentina: un análisis comprado en perspectiva temporal 2013-2019, elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la UNTREF, reveló que en el transcurso de esos seis años las cárceles nacionales y de la Provincia de Buenos Aires presentan un importante deterioro en las condiciones de reclusión, los servicios y programas, así como un mayor hacinamiento. La investigación expone las características de quienes habitan estas cárceles y compara la situación penitenciaria en el período mencionado. 

El informe explora quiénes han llegado a la reclusión, qué tipo de delitos cometieron, cómo fue el proceso legal que derivó en sus condenas. Por otro lado, analiza las condiciones de vida dentro de las prisiones y la efectividad del sistema carcelario tanto en el control de los privados de su libertad como en su misión de facilitador de la rehabilitación del condenado. Asimismo, analiza los vínculos de los presos, sus historias personales, su trayectoria delictiva y otras características de la población en reclusión.

La investigación da cuenta de un incremento significativo de la población carcelaria en la última década, aumento que se debe fundamentalmente a la política de encarcelamiento de infractores a las leyes de drogas ilícitas, siendo la mayoría infractores que ocupan estratos bajos en el negocio. Asimismo, los niveles de violencia en los delitos cometidos muestran un alza moderada y los internos manifiestan haber tenido un relativo fácil acceso a armas de fuego. 

Los procesos de detención y juicio han mostrado algunos cambios en los últimos seis años. El más destacado es el creciente uso del proceso de flagrancia inaugurado en 2017. Aproximadamente la mitad de los internos admitidos entre 2017 y 2019 en estas jurisdicciones fueron procesados por flagrancia y los niveles de corrupción en la detención y en el proceso judicial son relativamente bajos y no han empeorado entre 2013 y 2019. 

En el informe del CELIV se muestra que la calidad de los servicios de alimentación y salud, el régimen de visitas y los programas de reinserción social (educativos, laborales y terapéuticos) presentan un empeoramiento respecto a 2013, por lo que se concluye que el sistema presenta deficiencias para incrementar las probabilidades de una rehabilitación o reinserción social de los individuos privados de su libertad una vez que la recuperan. 

Si bien la población carcelaria del servicio penitenciario federal (SPF) y del servicio penitenciario bonaerense (SPB) se incrementó en 18.000 nuevas personas privadas de su libertad, el número de plazas reales, es decir el espacio e infraestructura, creció menos de la mitad. Se han construido muy pocas nuevas cárceles, y el resultado de este proceso es un incremento sustancial de la tasa de hacinamiento. La tasa de sobrepoblación (el número de internos por plazas disponibles) en el SPF es de casi 8 %, mientras que en el SPB supera el 40 %.

Los datos de la encuesta realizada muestran un crecimiento de personas condenadas por delitos vinculados a la venta o transporte de drogas ilícitas. Mientras que en 2013 el porcentaje de internos por este tipo de delito representaba el 7.7 % del total, en 2019 representa el 18.4 %. Este crecimiento, sin embargo, no fue impulsado por el encarcelamiento de los grandes traficantes. Según los autores, “el encarcelamiento de estos individuos crea un doble problema de política pública: por un lado el Estado encierra y gasta innumerables recursos para incapacitar y aislar a muchos vendedores o a las denominadas mulas. Por otro lado, estos detenidos son reemplazados por otros sin que la oferta de drogas haya disminuido”. 

También el informe muestra que disminuyó la proporción de quienes están detenidos por robo (de 53,9 % a 42,2 %) y por homicidio (de 21,2 % a 13,9 %).

De acuerdo a este estudio las condiciones de reclusión en general se han deteriorado. Por ejemplo en el año 2019, solo al 0,3 % de los individuos la institución penitenciaria les proporciona ropa; esto también se evidencia en lo que respecta a la tenencia de una cama: mientras en el año 2013, un 91,6 % afirmaba que “todos en la celda tienen una cama”, esta proporción se reduce a un 57,7 % en 2019. No obstante, se aclara que este notable retroceso se observa principalmente en el SPB, mientras en el SPF la situación permanece casi invariable. Por otra parte, se observó una leve mejora en la satisfacción con la calidad de los alimentos entre ambas mediciones y también en la atención sanitaria disponible.

Al comparar el estado de las cárceles en Argentina con otros sistemas de la región, se observa que en los penales locales no hay cogobiernos ni autogobiernos por parte de bandas o pandillas. Hay relativamente pocos motines, y el nivel de violencia interna es importante, aunque relativamente bajo en comparación a otros países.

Otro dato relevante es que casi el 6 % de la población carcelaria es femenina. Mientras que en 2013 en estas dos entidades había 1879 mujeres privadas de su libertad, en 2019 eran 2637, un crecimiento de 40 % en solo 6 años. 

En cuanto a la reincidencia, el número se mantiene constante entre 2013 y 2019, aunque en términos absolutos crece. Aproximadamente, 4 de cada 10 internos habían pasado anteriormente por una cárcel o habían estado internados en un centro de menores infractores.

Un dato preocupante es que ha crecido la proporción de internos que dicen haber herido o matado a alguien en el delito por el cual se los condenó: aproximadamente un tercio de los presos participaron en delitos extremadamente violentos. A su vez, según el informe, en promedio los inmigrantes recurren menos a los delitos violentos, son menos reincidentes y los delitos que cometieron han producido menos daños físicos.

En el año 2019, la mitad de los individuos privados de libertad tiene 33 años o menos. En relación con el año 2013, se percibe un ligero incremento en la edad de la población carcelaria. La mayoría tiene pareja e hijos, éstos en mayor proporción en el año 2019, pero se observa una menor proporción de madres y padres adolescentes.

En cuanto a la educación, según el estudio se observa un leve aumento del nivel educativo de los individuos privados de libertad: en 2019, hay un 5,7 % de personas con terciario o universitario, mientras que en 2013 esta proporción se reducía un 3,5 %; además se destaca que el nivel educativo de los presos es más bajo que el de la población general. A su vez, los resultados en relación al trabajo sugieren que en el año 2019 los individuos se encontraban en una mejor posición socioeconómica antes de la detención. En ambos casos, la mayoría de los internos trabajaban antes de ser detenidos, aunque algunos de ellos en empleos precarios y de tiempo parcial.

Por otra parte, si bien una gran proporción de los individuos privados de libertad ha atravesado infancias hostiles, un 63,2 % proviene de hogares no violentos, donde no se observaba un consumo frecuente de drogas y/o alcohol (67,1 %). Asimismo, un 66,8 % de los individuos no se fue de su casa antes de los 15 años, así como un 62,5 % no ha tenido ningún familiar en prisión. En esta línea, en la encuesta se observa que los individuos privados de libertad en el año 2019 han tenido infancias más contenedoras en relación a los individuos detenidos en el año 2013.

Sobre el debido proceso penal y judicial, en lo que respecta a la situación en las comisarías se observa un deterioro de las condiciones en relación al año 2013 considerando algunos indicadores. En el año 2019, un 42,4 % de individuos afirma que han sido informados acerca de su derecho a tener un abogado, mientras que en el año 2013 esta proporción ascendía a 51, 2%. También se destaca un aumento de la proporción de individuos que afirma haber sido golpeado en la comisaría (de 41,6 % en 2013 a 45,8 % en 2019). Este aumento se registró en las comisarías policiales de la provincia de Buenos Aires, mientras, contrariamente, en el sistema federal se observa una disminución del uso de la violencia física en las comisarías para los entrevistados en el año 2019.

La comunicación del derecho a hacer una llamada telefónica revela un ligero avance: en el año 2019, un 20,1 % afirma haber sido informado de este derecho, mientras en el año 2013 descendía a un 17,3 %. En el informe se enfatiza la baja proporción de individuos que afirman haber sido informados de este derecho en los dos períodos, lo cual pone en evidencia un panorama hostil respecto al acceso a la información. Esta situación desfavorable también se observa en relación a las noches pasadas en comisaría: en torno a un 70 % de individuos estuvo una semana o más alojado en la comisaría. 

En términos generales, en lo que respecta al proceso judicial, se destaca que casi la mitad de la población penitenciaria considera que su condena fue injusta y/o valoran negativamente la labor de su abogado. Aunque mejora la situación en el año 2019, sigue siendo preocupante. Asimismo, los hallazgos revelan que más de la mitad de la población penitenciaria manifiesta escaso entendimiento de lo que ocurre durante su proceso judicial.