Informe revela que 63% de las denuncias hechas por los Ministerios Públicos se archivan
Los datos se desprenden de una investigación del CELIV que analiza la eficacia, eficiencia y efectividad del trabajo realizado por los Ministerios Públicos y Fiscalías Subnacionales de 10 provincias y abarcan diferentes tipos de denuncias.
14-12-2021
Un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) concluye que, en promedio, un 63 % de los actos procesales que hacen los Ministerios Públicos Fiscales consiste en archivar denuncias, lo que genera un elevado nivel de impunidad. Si se tienen en cuenta las particularidades de cada provincia, estas cifras ascienden al 90 % en lo que respecta a Buenos Aires y a un 96 % en Río Negro.
Los resultados del informe Procuración de Justicia en las provincias argentinas. Gasto fiscal y eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales se presentaron a través de la plataforma Meet en un encuentro que contó con la participación del equipo del CELIV, el director Marcelo Bergman, el director ejecutivo Fernando Cafferata y el investigador Facundo Pernigotti Rebullida; el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Universidad de Palermo, Rubén Alderete Lobo; y el fiscal titular ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Federico Delgado.
Los responsables de la investigación remarcaron la falta de transparencia informativa en gran parte de las jurisdicciones y manifestaron que esta situación los limitó a trabajar en solamente 10 de las 24 provincias que componen el territorio nacional, siendo éstas Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Mendoza, Salta, Corrientes, Santa Fe, La Pampa, Jujuy y Santiago del Estero.
"Es difícil entender que en 2021 el Estado no pueda proveer de datos presupuestarios ni de productividad en relación a los Ministerios Públicos Fiscales de todas las jurisdicciones. Más allá de generarnos problemas metodológicos, esto hace que en ciertas provincias no se conozca con certeza cómo funciona la justicia", sostuvo Cafferata, quien explicó que el estudio tiene como objetivo contribuir a la toma de decisiones en materia de políticas públicas.
Además, el director ejecutivo del CELIV manifestó que "nos llamó la atención el elevado porcentaje de casos que son archivados. Vimos que hay algunas provincias que son máquinas de archivar". Esta situación, según Cafferata, genera frustración en los ciudadanos ya que anula la esperanza de ver que los casos que se inician lleguen a imputaciones y condenas.
Otras cifra para destacar indica que el robo y el hurto son los casos iniciados con mayor volumen en casi todas las provincias, representando entre el 30 % y el 60 % del total; y, por otro lado, las causas abiertas por homicidios son aquellas que terminan con la mayor cantidad de imputaciones, con un promedio del 26 %. Esto quiere decir que 74 % de las causas de homicidio lo más probable es que terminen impunes, cifra que el director ejecutivo del CELIV consideró "preocupante".
Por su parte, Alderete Lobo elogió el estudio y declaró que "si bien los sistemas no son perfectos, sí pueden ser perfectibles, y este trabajo va en esa dirección". Al mismo tiempo, sobre la recurrencia a archivar denuncias, el docente de Derecho lamentó que el sistema de justicia actual archive, suspenda y abrevie en lugar de "realizar el debate".
La investigación ahondó además en la relación temporal entre el crimen y la imputación. En este aspecto el estudio afirma que las provincias de Buenos Aires y Santa Fe presentan los mejores rendimientos, con más del 50 % de las imputaciones realizadas dentro de la primera semana. "Toda extensión en el tiempo conspira contra el avance exitoso de los procesos y sus garantías", dijo Alderete Lobo.
"Cuando la policía se choca con un hecho delictivo la justicia actúa rápido. El problema se da cuando hay que buscar pruebas y ahí empezamos a flaquear", explicó Federico Delgado. El fiscal graficó estas complicaciones diciendo que "se intervienen teléfonos pero la gente habla por WhatsApp", y llamó a una modernización del sistema de justicia que se desprenda de categorías que son propias del siglo XX.
El informe también analizó cuestiones presupuestarias. En este apartado, los investigadores determinaron que el 92 % de los recursos asignados a este órgano de justicia se destina al personal que allí se desempeña. Asimismo, el costo promedio por caso iniciado representa un promedio de 20 mil pesos con grandes heterogeneidades por provincias, presupuestando en algunas cerca de 10 mil pesos y en otras alrededor de 50 mil.
Tras la investigación, los especialistas llegaron a conclusiones en torno a eficacia, eficiencia y efectividad. En primer lugar, en lo que concierne a la efectividad, se observa que, en promedio, las provincias imputan a una persona por cada diez delitos que se reportan en el mismo año, es decir una efectividad del 10 %.
Por otro lado, en cuanto a la eficacia se advierte que solo la mitad de las provincias realizan al menos la mitad de las imputaciones dentro del primer mes desde el hecho delictivo. Esto significa que, en las demás jurisdicciones, la mitad de los delincuentes que sí son imputados pueden pasar más de un mes sin tener una causa judicial firme en su contra.
Finalmente, respecto de la eficiencia se desprende que la mayor heterogeneidad está en los procesos y no en el inicio de casos. El costo promedio por caso iniciado (medido simplemente como el gasto total sobre la cantidad de casos iniciados) varía entre 20 y 50 mil pesos, mientras que el costo promedio por imputación varía entre 200 mil y 3 millones de pesos a valor 2020.
Finalmente Marcelo Bergman definió al trabajo como "un orgullo" y adelantó que para el mes de marzo el CELIV presentará un informe sobre la reincidencia en el delito. "Se trata de una propuesta muy novedosa ya que no hay en Argentina estudios de esta índole", concluyó.
