Informe del CELIV será incorporado a la Plataforma Justicia 2020
El informe realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia tuvo su presentación junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
02-06-2017
Expedientes judiciales. ¿A quién y cómo se juzga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?, el más nuevo trabajo de investigación del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), será incorporado por el gobierno nacional en la Plataforma Justicia 2020, nombre con el que se conoce al programa de gobierno abierto para la reforma del sistema judicial. La decisión fue anunciada por el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Germán Garavano, durante la presentación del informe en la Sede Rectorado Centro, con la presencia de juristas, fiscales y otros especialistas.
“Es muy importante el trabajo que hace el Centro. Argentina adolece de información empírica, particularmente en todo lo que hace al sistema judicial y el estado de derecho”, comentó el ministro, especialmente invitado por la universidad para comentar los hallazgos de la investigación.
El rector de UNTREF, Aníbal Jozami, destacó que la universidad es una institución que, además de su tarea primigenia de desarrollar profesionales, tiene una serie de obligaciones en relación con la sociedad en la que está inserta. “Somos conscientes de que existimos gracias a los impuestos que paga la población, y eso nos llena de responsabilidad. Mis felicitaciones al CELIV por tan encomiable tarea”, afirmó.
Como explicó Marcelo Bergman, director del CELIV, el estudio implicó un gran desafío y se propuso, lejos de los textos doctrinarios, estudiar la ley en acción. “Quienes caminaron los tribunales de la Argentina saben lo difícil que es dar con un expediente que esté bien catalogado, clasificado y disponible”, aseguró.
El trabajo, basado en el análisis de 456 expedientes tomados al azar, arrojó información dura sobre los casos que llegan a la justicia penal, las respuestas que esta brinda, la capacidad de investigación del sistema, la duración y los costos de los procesos, el control sobre la policía y el respeto por los derechos de los imputados. “Es un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas”, corroboró Garavano.
Los números
Según el informe, en la Ciudad de Buenos Aires, los delitos más imputados son el fraude y el robo simple, pero de los 150.000 casos que se presentan en la justicia anualmente, solo 2700 llegan a juicio oral. El 84% de los autores de esos delitos son hombres jóvenes y de bajos ingresos.
“El delito más imputado es el fraude, pero lo que realmente se juzga son los robos, y ahí vemos cómo opera la selectividad del sistema”, opinó la Dra. Ángela Ledesma, Jueza de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal. Para ella, el perfil de las personas juzgadas es inequívoco: hombres de entre 18 y 35 años, desempleados o con trabajos precarios, y que en muchos casos han pasado por instituciones de minoridad. “No se juzga a los profesionales o comerciantes que incurrieron en alguna defraudación, sino a estas personas. Esto muestra el fracaso del Estado en el tratamiento de quienes tienen dificultades con el cumplimiento de la ley”, indicó.
El Dr. Luis Cevasco, Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agregó que esos datos hacen referencia a un problema de mayor envergadura. “Se trata de un problema cultural, que tiene que ver con el creciente proceso de exclusión social”, dijo.
Según el fiscal, la policía no persigue a quienes cometen robo, sino que los encuentra. “Tenemos que pensar en el medio social en el que se insertan estos jóvenes. La expectativa de vida de un hombre nacido en una villa es de 25 años. Mueren por desnutrición, por enfermedades como el sida. Los jóvenes de 16 años saben que no van a llegar a los 20, porque están inmersos en ese mundo de pobreza”, continuó.
Para Cevasco, el sistema debería seguir primero y antes que nada los casos de corrupción, porque según él es la madre y principal causa de la exclusión. “Las sociedades que menos transgreden las normas no son las más ricas, sino las que muestran un mayor grado de cohesión cultural”, concluyó.
El ministro Garavano también indicó que si bien la mayor parte de los imputados declararon no pertenecer a una banda criminal (solo el 10% afirmó su adscripción a una) la lógica es la contraria. “En su mayoría los delitos no son autónomos. Lo que hay son cadenas de valor. Alguien roba algo y ese objeto robado entra a un mercado clandestino”, señaló.
El Dr. Alberto Binder, fundador del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (INECIP) llamó la atención sobre la cantidad de sobreseimientos. “Esto da cuenta del manejo arbitrario de la policía”, explicó.
Sin embargo, el Dr. Máximo Langer, coautor del informe y profesor de Derecho en la Universidad de California, dijo que en el 68% de los casos, los jueces y fiscales solicitaron pruebas adicionales a las aportadas por la policía. “Eso muestra cierto control de calidad sobre su accionar”, evaluó.
Por último, se generó un debate en torno a los costos de la justica. “Se calcula que son 150.000 casos al año, pero la cantidad de trabajo real es mucho menor”, sintetizó Langer. En más del 50% de los casos los autores no fueron identificados, y en las imputaciones, cerca del 40% no tiene movimiento, es decir que no se tomó ninguna medida de prueba ni declaración indagatoria. “Sólo llegan a juicio oral 2700 casos, y eso permite pensar que el sistema está asumiendo gastos innecesarios”, ratificó.
