Las deudas de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia
En un balance sobre los avances en los juicios de lesa humanidad, el juez Daniel Rafecas señaló aspectos pendientes como la reconstrucción de los “traslados” y el reconocimiento de los crímenes que padecieron las mujeres en los centros clandestinos.
18-09-2019
El juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 a cargo de la causa en la que se investigan los crímenes perpetrados por el Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura cívico-militar desarrollada entre 1976 y 1983 en Argentina, afirmó que la justicia hizo un importante trabajo en reconstruir la cotidianeidad en los cerca de 800 centros clandestinos de detención a través del testimonio de los sobrevivientes, pero que se sabe muy poco sobre lo que eufemísticamente se conoce como “traslados”, cuando se engañaba a los detenidos haciéndoles creer que los iban a llevar a otro lugar para asesinarlos y desaparecerlos.
“Miles de víctimas del terrorismo de Estado permanecen desaparecidos por esta metodología. En términos judiciales, no sabemos nada del 90% de ellos, salvo los 19 restos que se encontraron en el Municipio Urbano de la Costa identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que se sabe salieron de El Olimpo, uno de los centros clandestinos”, dijo en el marco del Coloquio El futuro de los Derechos Humanos, organizado por el Centro de Estudios de Memoria e Historia del Tiempo Presente (CEM), de la UNTREF.
Ante el Auditorio de la Sede Rectorado Centro, Rafecas se refirió a la dificultad para conocer detalles de esos sucesos. “Nunca nadie volvió de un traslado con vida. La única fuente de información posible son los perpetradores, entre los que reina un pacto de silencio”, graficó. También señaló que en estos procesos existe un fuerte sesgo machista y misógino. “Las mujeres cautivas sufrieron una forma de violencia específica. Hasta 2010, ninguna sentencia reconoció las violaciones y los abusos sexuales graves contra ellas, estos hechos eran calificados como tortura, invisibilizando su particular sufrimiento”, afirmó, y sostuvo que se debe seguir en el camino de ese reconocimiento. Asimismo, ponderó que si bien los 130 nietos y nietas recuperados son motivo de festejo “es frustrante que cerca de 400 personas todavía vivan con una identidad falsa”. El juez resaltó también que entre los pendientes tampoco se puede dejar de mencionar “la trágica e impune desaparición de Julio López” ocurrida en democracia, hace ya 13 años.
Ejemplo internacional
Rafecas habló de la particularidad del caso argentino en relación con otros países de la región, elogiando gran parte de lo hecho. De acuerdo al magistrado, actualmente hay entre 10 mil y 12 mil víctimas que han sido reconocidas judicialmente. “La justicia ha emitido un pronunciamiento sobre los distintos crímenes cometidos contra ellas, desde el homicidio, la tortura, el saqueo y la apropiación, permitiéndoles una reparación real. Esta reparación no ha sido por los anuncios de los políticos y las indemnizaciones económicas, sino por los juicios”, aseguró. Para el juez, ese es uno de los mejores ejemplos que Argentina puede ofrecer a la comunidad internacional.
Además, el magistrado explicó que mientras que en 2001 había un solo procesado por estos crímenes, hoy hay aproximadamente 1800, de los cuales la mitad ya están condenados y los otros van camino a ello. Otro de los aspectos que destacó es cómo los reclamos por el esclarecimiento de estos hechos aberrantes se propagaron en todas las ciudades del país, “generando un efecto federal”. Desde su lugar de juez, remarcó que en todos los casos se han respetado las garantías constituciones de los imputados por estos crímenes, marcando una clara diferencia con la justicia de la dictadura.
“Estoy convencido de que estos procesos son claves para consolidar la cultura democrática y repudiar la cultura autoritaria, en un país donde prácticamente hemos vivido casi todo el siglo XX bajo gobiernos fraudulentos y dictaduras”, afirmó sobre sus efectos positivos en toda la sociedad.
Resistencias judiciales
Sin embargo, planteó que al poder judicial argentino le ha costado mucho adaptarse a estas demandas. “Es básicamente conservador y reaccionario, y tiene todos los vicios de cualquier aparato burocrático”, evaluó, enfatizando que “para avanzar tenemos que vencer algunas resistencias internas”.
Para Rafecas, la deuda más importante con la sociedad y los colectivos que representan a las víctimas del terrorismo de Estado es “el esclarecimiento de lo que ha sido la solución final”. Como expresó el juez, la metodología de la desaparición de opositores políticos en la dictadura argentina guarda estrecha relación con el genocidio armenio y el Holocausto. “Como en esas experiencias, una clase hegemónica identificó un problema encarnado en una minoría, con la que se fueron ensayando distintas respuestas, hasta que se llegó a la solución final el 24 de marzo de 1976: su eliminación física”, concluyó.
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