Mayor presencia estatal y menor injerencia del mercado para revertir problemáticas sociales

En el marco del ciclo Sociedad y Pandemia, especialistas en economía y políticas públicas debatieron sobre el rol del Estado a la hora de asegurar igualdad de oportunidades para la población.

13-12-2021

Los expertos reunidos virtualmente en un nuevo encuentro del Ciclo de Charlas Sociedad y Pandemia, coincidieron en que el mercado no debe ser quien defina la importancia y el valor de las actividades sociales, y además aseguraron que las personas no pueden ser verdaderamente libres si su existencia material no está asegurada. Para ellos es el Estado –a través de asistencia social, legal y económica– el único mecanismo capaz de garantizar la igualdad de oportunidades en la búsqueda de una comunidad más inclusiva.

Organizada por el Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas (CEIPSU), la más reciente jornada abarcó dos encuentros: la renta básica y el salario universal; y personas en situación de calle y políticas públicas en Argentina.

Mientras que en el primero participaron el director del área de Futuro del Trabajo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Ottaviano; la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Laura Garcés; y el diputado Itai Hagman; en la segunda disertaron la secretaria de Diversidad y Género de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Castro; la coordinadora de la Red Puentes, Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario para el Consumo Problemático, Francia Guerra León; la referente del Foro por los Derechos de la Niñez, Rosario Hasperué; y el director de Desarrollo Territorial de Extensión y Territorio de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Maximiliano Toni.

Tanto quienes abarcaron la temática referida a la renta básica y al salario universal como aquellos que debatieron sobre la realidad que viven las personas en situación de calle coincidieron en la necesidad de implementar políticas públicas que protejan a los grupos sociales vulnerables y visibilicen las necesidades que dichos sectores padecen. “Es prioritario escuchar cuáles son sus demandas más urgentes y actuar en consecuencia”, dijo Daniela Castro, quien aseguró que “cuando hablamos de personas en situación de calle, no hablamos solamente del hecho de tener una vivienda, sino que son un montón de otras necesidades que requieren de un abordaje integral de políticas”.

Salud, trabajo y educación

Por su parte, Maximiliano Toni indicó que el Estado debe dar respuesta a tres ejes principales: salud, trabajo y educación, a la vez que remarcó la importancia de las organizaciones sociales a la hora de apuntalar a los sectores más desprotegidos. “Se hace necesaria la implementación de políticas que tiendan a restituir y a reparar derechos en esos tres ejes, de modo tal que acompañen las acciones que llevan a cabo las organizaciones sociales”, declaró.

Si bien los especialistas generalizaron las necesidades en y desde la visión de los adultos, Rosario Hasperué focalizó su disertación en las infancias y denunció que “los niños en situación de calle se transformaron en un paisaje, no hay políticas públicas que los protejan”. Hasperué, que también se desempeña como investigadora en la Red Internacional de Defensa de la Niñez en situación de calle, afirmó que los niños y niñas que atraviesan esa experiencia sufren explotación sexual comercial, uso problemático de sustancias y son vinculados a redes de narcotráfico.

“La niñez en calle se cruza con la niñez en situación de trabajo. La mayoría de los chicos que viven esta realidad son explotados laboralmente, y esto está prohibido por ley. Necesitamos de forma urgente una respuesta interministerial para erradicar el trabajo infantil”, resaltó la referente del Foro por los Derechos de la Niñez.

Para los expertos la pandemia profundizó las desigualdades sociales y concentró aún más la riqueza en las minorías. En este sentido, Laura Garcés calificó como “obscenos” los niveles de concentración de riqueza en el plano internacional y sostuvo que los márgenes de desigualdad son insalubres para sociedades que pretenden ser democráticas. “El enriquecimiento de una minoría no permite el desarrollo de la sociedad”, afirmó, y propuso como una posible solución la aplicación de una renta básica o ingreso ciudadano.

Planes sociales

“Se trata de un ingreso proporcionado por el Estado que debe ser universal (es decir para todos), individual (independiente a la situación familiar) y preventivo (que prevenga el desempleo y la pobreza). Si todos reciben este ingreso, evitaríamos la estigmatización que sufren quienes reciben planes sociales”, aclaró Garcés, quien además pidió discutir la idea que impera en la sociedad en la que el ingreso únicamente legítimo es el que proviene del empleo tradicional. “Se trata de universalidad para igualar”, sostuvo.

En consonancia con lo expresado por Garcés, Itaí Hagman visibilizó la exclusión del mercado laboral de un sector social que sufre una existencia precarizada y que realiza trabajos precarios y no regulados. En este sentido, el diputado se preguntó: “¿Cómo remuneramos un trabajo que el mercado laboral no remunera?”, y precisó que el mercado tiende a la desigualdad ya que es considerado como la única fuente de asignación de valor. “El mercado no puede determinar qué trabajo vale más que otro”, expresó.

Ante este panorama Hagman indicó que el Estado debe intervenir para regular el empleo y para asistir con un ingreso complementario de modo tal que resuelva el problema masivo de los ingresos de los sectores populares a través del sistema de seguridad social. “Esto se hizo con la posibilidad de jubilarse para quienes no presentaban aportes en el marco formal del trabajo y con la Asignación Universal por Hijo (AUH) para los estudiantes cuyos padres realizaban trabajos en negro, de modo tal que los beneficios otorgados por el Estado alcancen a todos por igual”, destacó, y concluyó: “Se trata de promover un ingreso que reconozca necesidades que el mercado no reconoce”.

Con anterioridad y en el marco de las charlas Sociedad y Pandemia, el CEIPSU trató las temáticas de la violencia de género, la estructura social y política de América Latina, el desafío de promover la inclusión social con políticas que generen igualdad y la participación juvenil en el armado de políticas públicas.