El 80% de los detenidos clandestinamente en Famaillá logró sobrevivir

Especialistas del Centro de Estudios sobre el Genocidio (CEG) analizaron las trayectorias de vida de aquellas personas que fueron secuestradas y enviadas a la Escuelita de Famaillá, en Tucumán.

03-05-2023

Una investigación desarrollada por especialistas del Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG) reveló que sobrevivió el 80% de las personas que fueron secuestradas y enviadas a la Escuelita de Famaillá, en Tucumán, durante el denominado “Operativo Independencia”, iniciado en 1975.  El trabajo fue realizado en el marco de los Proyectos de Investigación Aplicada, Desarrollo y Transferencia (PIADT UNTREF), en colaboración con expertos del Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán.

Titulado “Estudio sobre las víctimas del genocidio en Tucumán para promover la recuperación de identidades e historias locales en el Espacio para la Memoria Escuelita de Famaillá”, el  análisis e investigación se fundamentó en bases de datos otorgadas por fuentes judiciales y mostró que de 294 víctimas analizadas, 236 fueron liberadas. Aquí se encuentran los principales resultados de la investigación.

“Con esta investigación quisimos conocer quiénes fueron las personas que estuvieron detenidas en el primer centro de detención clandestino que funcionó en nuestro país. ¿Quiénes eran?, ¿de qué lugares venían?, ¿cuáles eran sus ocupaciones y militancias?, ¿de qué otros centros venían? Lo que más nos llamó la atención es la enorme proporción de sobrevivientes que existe en Tucumán en relación con los desaparecidos”, explicó una de las coordinadoras del proyecto, Ana Jemio. Y detalló queesta, como cualquier investigación sobre la temática, parte de la misma dificultad: los genocidas quisieron borrar toda huella de su crimen. Todo dato que se construye implica, por eso, desmontar una pieza en la impunidad que quisieron construir. La investigadora afirmó que sortear esa dificultad es posible porque “tenemos un conocimiento acumulado durante más de 40 años por los organismos de derechos humanos, las instancias judiciales donde hoy se tramitan los crímenes y las universidades públicas que han aportado con sus investigaciones a esta lucha por memoria, verdad y justicia”. 

Operativo Independencia

En febrero de 1975, María Estela Martínez de Perón, con siete meses de gobierno tras la muerte del General, ordenó el uso del ejército en tareas represivas, un hecho que tendría implicancias decisivas y trágicas para nuestro país. El decreto secreto 261 lo habilitó. Arrancaba lo que luego se conoció como “Operativo Independencia”. La normativa establecía: “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. Debían “destruir el foco guerrillero” instalado algunos meses atrás en la provincia del norte argentino por el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), una organización político-militar marxista.

Sobre el dato de sobrevivientes, al que calificó como “impactante”, Jemio dijo: “Observamos que cada cuatro personas secuestradas, tres fueron liberadas. Esto nos abre nuevas preguntas por los efectos del genocidio no solamente por las ausencias que produjo (la de los desaparecidos) sino, también, por la presencia de los sobrevivientes”. Además, si se tiene en cuenta que el total de personas secuestradas por el Operativo Independencia durante el funcionamiento de la Escuelita de Famaillá es de 812 individuos, el porcentaje de sobrevivientes ya no es de 80% sino que desciende a 63%, algo que indica que lo que sucedió en el primer centro de detención clandestino de la Argentina fue, de alguna manera, excepcional.

En el informe que presentaron los especialistas de la UNTREF se pudo establecer un mapa en donde se geolocalizan los espacios de detención clandestina por los que pasaron las víctimas y, a su vez, se reconstruyó la historia de dos grupos de víctimas que ocuparon la Escuelita de Famaillá:  los obreros de Norwinco y los trabajadores de la finca citrícola Monte Grande.

Para Jemio, el conocimiento producido en las universidades públicas debe ser socializado. Por este motivo el informe es de carácter público. “Esta base de datos es el punto de llegada de un trabajo de más de 15 años con los listados de víctimas de la provincia de Tucumán”, concluyó la investigadora. Participaron del proyecto Rita Rodríguez, Marcela Suárez, Magalí Quinteros, María Gutiérrez, Fabricio Nicastro Torres, Carlos Juárez, Miguel Esquivel, Paulo Burgos, Camila Leal, Gabriela Bonomi, Abril Siri, Paula Garat y Ángel Villanueva.