Ciclos económicos, turbulencias políticas

Economistas e historiadores analizaron los vaivenes de la economía argentina y coincidieron en que la inestabilidad económica que caracteriza al país tiene su explicación en una crisis de soberanía política más profunda.

22-04-2019

Bajo la luz de los sucesos políticos de la segunda mitad del siglo XX, los investigadores reunidos en el Taller Ciclos y Desarrollo. Los Programas Económicos en Argentina 1948-2001 coincidieron en que la inestabilidad económica que caracteriza al país tiene su explicación en una crisis de soberanía política más profunda. “Algo que se constata en Argentina desde la segunda mitad del siglo veinte es que tiene ciclos más pronunciados”, comentó Luis Blaum, director del Centro de Investigación y Docencia en Economía para el Desarrollo (CIDED) de la UNTREF, espacio académico organizador del encuentro junto al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP BAIRES). 

Blaum aseguró que estos patrones no se observan en otros países de Latinoamérica y se refirió al caso de Brasil, que entre la década del 50 y del 80 creció de manera sostenida. “El problema de Argentina es soberano”, agregó Blaum, señalando que la tarea de la soberanía siempre es la unidad y que todos debemos ejercerla más allá de las elecciones. El especialista también dijo que en el país el Estado “no existe como debería existir”, y que además de resguardar los bienes públicos, tiene que poder generar el marco para que la actividad privada crezca y se desarrolle. “Tenemos que entender que la inflación es un fenómeno complejo, que tiene un componente inercial”, insistió el economista, y afirmó que para salir de estos escenarios es fundamental generar acuerdos políticos, como hizo Israel en 1985. 

“Los dos partidos mayoritarios gobernaron dos años uno y dos años otro, con un programa de congelamiento de precios y salarios que logró revertirla”, ilustró, al tiempo que expresó su preocupación por lo que ocurre hoy en Argentina. “Esta política económica es una tragedia porque ha roto el equilibrio social, está en contra de lo empírico, la teoría económica, los resultados y la historia”, expresó, remarcando que una inflación por arriba del 50 % “no se va a solucionar con medidas simplistas y unilaterales”. Blaum enfatizó la importancia de revisar este elemento cíclico de la economía argentina a la luz de los sucesos políticos y sociales que la atravesaron en la segunda mitad del siglo pasado, por donde desfilaron tanto gobiernos democráticos como autoritarios.

Desarrollo paradójico

Entre los paneles que se sucedieron en la Sede Rectorado Centro de la UNTREF se destacó el que ofrecieron Samuel Keifmann (UNTREF) y Aníbal Jáuregui (IIEP) sobre la política económica de Arturo Illia, que gobernó entre 1963 y 1966. Keifmann aseguró que Illia trabajó en la articulación de políticas de largo plazo para reducir la inflación y que le dio preponderancia al sector de los trabajadores, impulsando la ley del salario mínimo, vital y móvil y aumentando la participación de los asalariados en los ingresos. 

“Los salarios reales subieron significativamente, la inflación bajó un 6% y el PBI creció anualmente un 9%”, explicó sobre el éxito de sus gestiones. Jáuregui también remarcó algunos rasgos progresistas de este gobierno, como la imposición de precios máximos a los alimentos y los medicamentos, pero apuntó que hubo “poca participación de los sectores empresarios en la planificación económica”. Además, Jáuregui resaltó que Illia no era un caudillo hegemónico y ambos panelistas coincidieron en que esto generó una denigración de su figura. 

Más allá de la favorable coyuntura económica, Illia fue depuesto por la autodenominada Revolución Argentina comandada por el dictador Juan Carlos Onganía. “Se planteaba que había que ordenar el país para fomentar el desarrollo, que el gobierno de facto era garante de esa estabilidad”, evaluó Keifmann. 

Como destacó el panelista, esta dictadura –que se desarrolló entre 1965 y 1970– puso el acento en el “tiempo económico” sobre el social y el político, y tuvo como uno de sus mayores protagonistas al ministro de economía Adalbert Krieger Vasena. Daniel Aromi (IIEP) aportó algunos datos interesantes sobre el desempeño económico del gobierno de facto, indicando que a dos años de implementado el Plan Krieger se redujo la inflación en un 6%, la Argentina creció en el orden del 5,1% y se produjo una expansión en los niveles de empleo a partir de la incorporación de 400 mil trabajadores. Sin embargo, Aromi informó que respecto a 1967 el salario real cayó un 9% y su colega Juan Lucas Gómez (IDES) resaltó que al margen de la estabilidad económica, la conflictividad social y política que desembocó en el Cordobazo y precipitó la salida del ministro se debió a la prohibición de los partidos políticos y las restricciones a la representación sindical.  

El cambio de régimen

Otros especialistas, como Osvaldo Kaceff (UDESA), tuvieron a cargo el capítulo que se abre con el Rodrigazo, el programa de ajuste del ministro Celestino Rodrigo implementado en 1975 durante el gobierno de Isabel Perón que inaugura el neoliberalismo en Argentina. Con él se  liberaron las tasas de interés y se quitaron subsidios, se bajó drásticamente el gasto, las tarifas públicas subieron más de un 100% y se implementó una fuerte devaluación, que llegó al 160% para el cambio comercial. Como resultado, la tasa de inflación anual trepó al 777%,  siendo la primera vez en la historia del país que se llegaba a una inflación de tres dígitos. Esto, sumado a las turbulencias sociales y políticas, derivó en la dictadura más sangrienta que tuvo el país. 

Como explicó Blaum, con el dictador Rafael Videla y el ministro Martínez de Hoz la Argentina profundizó este modelo en el que se pasa a un tipo de cambio flexible, se liberan los mercados y se desregula la actividad financiera. “Marca la hegemonía del monetarismo en la política económica, la idea de un mercado que se regula solo”, precisó Blaum. Siguiendo a Juan Sourroulie, comentó que con estas medidas ortodoxas se buscó destruir el modelo sustitutivo de importaciones y que “si no venía una dictadura feroz la Argentina iba a entrar en un proceso de industrialización irreversible”. 

Martín Cuesta y Danilo Trupkin, del IIEP, abordaron el tramo correspondiente a la Guerra de Malvinas, del que destacaron el fuerte endeudamiento de las empresas públicas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la estatización de la deuda de numerosas empresas privadas impulsada por el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo. Al finalizar la dictadura, la deuda externa había pasado de 7800 millones de dólares a 45100 millones. 

Por su parte, Jorge Gilbert (IIEP) y Emiliano Libmann (CEDES) explicaron cómo eso condicionó al gobierno de la transición democrática comandado por Raúl Alfonsín. “Los acreedores externos se convierten en nuevos actores, hay un enorme peso de la deuda que plantea el dilema de cómo hacer política con ese elemento, ya que al no poder cumplir las metas los acuerdos tenían que renegociarse permanentemente”, concluyó Gilbert.