Bajar la edad de imputabilidad en Argentina: un debate vigente

La reforma del Régimen Penal Juvenil pretende incluir en el sistema punitivo a jóvenes de 15 años de edad.

02-05-2019

El gobierno lanzó en febrero de 2019 el proyecto de ley Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que propone, entre otros puntos, la baja de edad de imputabilidad de 16 a 15 años para delitos graves. ¿Qué busca el proyecto? ¿Es efectivo reducir un año la edad de punibilidad para evitar este tipo de delitos? ¿Qué dicen los estudios o registros sobre el tema?¿Qué características particulares poseen los jóvenes de esta edad en situación de encierro? ¿Cuántos son los adolescentes que cometen estos delitos?

Marcelo Bergman, profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad, explicó que desde una mirada punitivista, la propuesta busca hacer responsables a aquellos jóvenes de 15 años que cometan delitos graves y disuadirlos, a través de sanciones draconianas, para que no continúen la carrera delictiva. (Según cifras oficiales, aproximadamente un 5% de los homicidios son cometidos por jóvenes de entre 15 y 16 años). Para Bergman, el problema es que normalmente la cárcel o los centros cerrados tienen poco poder disuasivo para gente mayor y de igual forma va a ser para estos jóvenes que todavía no calculan muy bien los costos y los beneficios de incurrir en una actividad delictiva. 

“Los estudios en general indican que no hay un efecto de ganancia neta en reducción del delito por bajar la edad de imputabilidad”. Marcelo Bergman 

En este sentido, Cristina Erbaro, coordinadora académica de la Especialización en Gestión de Políticas para la infancia y la Adolescencia de la UNTREF, señaló que esta medida no resuelve la inseguridad y enfatizó que lo que hay que darle a los jóvenes son políticas de promoción y protección de derechos. “Lo primero que hay que pensar son políticas públicas y sociales concretas”. Con respecto al mismo tema, Matías Bruno, docente invitado de la Universidad por la Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística y director del informe Las voces de los y las adolescentes privados de libertad en Argentina, producido por UNICEF, destacó que en el estudio realizado se pudo observar cómo la trayectoria de todos los jóvenes privados de su libertad, está marcada por una vulneración de derechos previa al encierro que no fue resuelta por el sistema actual. 

Bruno explicó que estos adolescentes conforman una subpoblación ya que poseen características muy diferentes a la población de jóvenes promedio. El sociólogo, destacó algunos datos que se desprenden del informe de UNICEF y permiten ejemplificar esto: 

- 3 de cada 10 habían vivido en la calle antes de ser apresados.

-  El 50% es reiterante en la cárcel, es decir, que entraron, cumplieron pena, salieron y volvieron a entrar.

- El 50% no estaba yendo a la escuela al momento ser detenido. 

- Entre jóvenes de 16 y 17 años, el 50% ya había probado cocaína.

- 1 de cada 4 ya sea varones y mujeres en igual proporción son padre o madre durante el encierro.

- El promedio de edad de ingreso a la actividad laboral es de 13,9 años. (La ley vigente establece que el trabajo infantil es toda actividad que se realiza antes de los 16 años). 

Las características mencionadas muestran la diferencia que existe entre la población de jóvenes en situación de encierro y la población de adolescentes en general y a su vez dejan al descubierto la vulneración de derechos que sufrieron en su infancia o preadolescencia. 

“Donde hay vulneración de derechos, de algún modo se filtra la posibilidad de que el mercado delictivo les de a ellos cosas que esos derechos resignados no les dieron”. Matias Bruno

Según Bruno, el mundo delictivo ofrece atracciones que van más allá de la posesión de bienes materiales, con los que estos jóvenes pretenden igualarse socialmente en un contexto de enorme desigualdad. “La igualación material lo que en realidad busca es una igualación simbólica. Esa equidad es la que tiene que venir garantizada por el lado de los derechos, el respeto, y no por el mundo del delito”. Los chicos y chicas que no son escuchados en sus ámbitos familiares o comunitarios buscan respeto en ámbitos delictivos, como por ejemplo en el caso de los varones que lo logran portando un arma o ejerciendo violencia. Utilizan estos recursos para adquirir el respeto que debería llegar por otro lado. 

Marcelo Bergman señaló que en ciertos casos el encierro es productivo ya que logra la reducción de delitos afuera. Sin embargo, cuando uno se especializa en el tema, sabe que esto tiene más consecuencias negativas que positivas. Sobre todo por el estado de las cárceles en Argentina y en Latinoamérica en general. En esta línea, Cristina Erbaro expresó: “La metáfora de la puerta giratoria de la cárcel, que los chicos entran por una puerta y salen por otra es una falacia: salen por la misma puerta”. Por su parte, Matías Bruno, destacó que las pésimas condiciones de encierro terminan atentando contra la reinserción social. “Es difícil que una persona que pasó por esta experiencia, teniendo en cuenta el estado de los centros de detención, salga en paz y en armonía con el mundo”. 

“Bajar la edad no reemplaza el sistema de salud, ni el educativo, ni el sistema de justicia, ni los derechos vulnerados”. Matias Bruno 

Los tres profesionales coincidieron en que bajar la edad de imputabilidad solo va a generar más punitivismo sin resolver los problemas. Para el director del CELIV es necesario un contexto que acompañe, “el régimen punitivo tiene que estar apoyado en intervenciones sociales. La atención es el mejor camino para reducir la criminalidad”. Asimismo, Erbaro destacó que los jóvenes reinciden en las conductas delictivas porque aparece el sistema penal. “Si se generaran políticas de protección y promoción de derechos la reiteración disminuiría”. En este sentido, Bruno, remarcó que debe existir una “malla de contención”, es decir, que no alcanza solamente con la familia o con ir a la escuela o a un club, todo por separado. Tiene que ser un conjunto. Entonces, para reducir la iniciación al delito de estos jóvenes, lo que hay buscar es fortalecer esa malla y para eso es necesario preocuparse por la equidad y poner en el centro y arriba de todo a la infancia y la adolescencia. “Garantizar los derechos de los jóvenes no cuando cometieron el delito, sino antes, porque su cumplimiento pleno es lo que va a ayudar a que no ingresen en el mercado delictivo”. 

Si querés conocer el informe completo de UNICEF: Las voces de los y las adolescentes privados de libertad en Argentina hacé click acá. 
 

*Marcelo Bergman es doctor en Sociología por la Universidad de California en San Diego. Es profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la UNTREF. Previamente se desempeñó como profesor-investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México (2001-2012) donde fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel superior III), y en el departamento de Sociología de la Universidad de Oregón (1996-2000). Colaboró y coordinó diversos proyectos con el PNUD, el Banco Mundial, el BID, y la Woodrow Wilson Center en Washington. También colaboró con diversas agencias estatales en Chile, México, Argentina y EEUU. Tiene títulos de grado y maestría en Historia y en Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén y en los últimos 15 años se ha especializado en temas de la Sociología del Derecho y la Criminalidad.

Cristina Erbaro es Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente es Coordinadora Académica de la Especialización en Gestión de Políticas para la infancia y la Adolescencia de la UNTREF. Es Especialista en Problemáticas Sociales Infanto/Juveniles - Centro de Estudios Avanzados (CEA- UBA) y en Evaluación de Políticas Sociales, Igualdad de Género, Derechos de la Infancia, Educación y Salud - Universidad de San Martín (UNSAM). Es docente e investigadora, en la Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Fue codirectora del Proyecto de Investigación “Estado de Situación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” (Provincias de Entre Ríos y Santa Fe), del Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre Marginaciones Sociales (PIUBAMAS). Fue hasta febrero de 2017 Directora de Políticas Públicas e Investigación, del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Matias Bruno es Licenciado y profesor de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (2003), Magíster en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján (2010) y doctorando en el IDES-UNGS. Es investigador del Centro de Estudios de Población (CENEP) y docente invitado de la UNTREF por la Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística. Becario de CONICET (2005-2010) y del Programa Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación (2011 y 2012). Es consultor de organismos nacionales e internacionales en temas de población. Integró la Comisión Directiva de la Asociación de Estudios de Población de Argentina (AEPA) y actualmente coordina la Comisión Científica sobre Población y Violencias. También integra la Comisión Académica de la Maestría en Demografía Social de la UNLuj. Fue Visiting Research Fellow en Brown University (2014). Es docente de grado en la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de San Martín y del Centro Universitario CUSAM (U48-Complejo Penitenciario Bonaerense). También es docente invitado en Posgrados de la Universidad Nacional de Luján, y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.