En el país hubo 238 femicidios, transfemicidios y travesticidios en el último año
Expertas de Argentina, Uruguay y Perú analizaron los factores que inciden en la persistencia de la violencia de género en el contexto de la pandemia.
08-07-2021
Durante el último año en Argentina hubo 238 femicidios, transfemicidios y travesticidios, de acuerdo a los datos de la iniciativa Spotlight, una campaña conjunta de la Unión Europea y Naciones Unidas para erradicar la violencia contra las mujeres. Si bien los números demuestran una leve reducción de este tipo de muertes (en 2019 las víctimas fueron 268), lo llamativo para las especialistas reunidas en el panel Violencia de Género y Pandemia es la persistencia del fenómeno y cómo ha adquirido otras dinámicas más allá de los avances conseguidos por los feminismos.
Para la investigadora del CONICET, Ana Falú, “estas violencias se presentan de maneras complejas y adquieren nuevas formas en nuestra región” y el territorio en el que se expresan con mayor fuerza es el doméstico. “Las mayores violencias son puertas adentro, pero no solo sobre los cuerpos de las mujeres en esa violencia física, sino en otras formas como quebrar la voluntad de decisión de ellas sobre su reproducción y su cuerpo. Va a haber muchas mujeres con embarazos no deseados como producto de este encierro”, reflexionó en el evento organizado por el Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas de la UNTREF y transmitido por el canal de YouTube de la Universidad.
Falú consideró que pese a los logros significativos, “se sigue matando mujeres y en América Latina hay millones que no conocen bien sus derechos y no saben cómo reclamarlos ni dónde”. En ese sentido, identificó como uno de los factores principales en ese continuum de violencia la percepción del miedo que construyen nuestras sociedades. La especialista explicó que América Latina es la región más violenta del mundo con relación a la criminalidad, y sin embargo los países con mayor temor a la violencia son aquellos con las tasas de crímenes más bajas, como Argentina, Uruguay y Chile. “Esto habla de otro componente, que es cómo se estructura el mensaje de los medios y el que llega a la sociedad para atemorizarla. Tenemos que volver a construir estas confianzas”, aseguró.
Para la investigadora del CONICET, ese miedo restringe al movimiento de mujeres. “Lo que hace falta no es esterilizar las ciudades, ni queremos mujeres encerradas, queremos ciudadanía ocupando los espacios urbanos, más recursos sociales, económicos, más cultura, más política y derechos fortalecidos que permitan transgredir el temor”, agregó.
Por su parte, la investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), María del Carmen Fiejoó, puso el foco en las políticas públicas. La especialista propuso reasignar recursos enfocándose en las políticas de intervención antes que en las de prevención. “Estamos en un dilema entre prevenir y combatir, no porque no estén emparentadas, sino porque tienen tiempos distintos de procesamiento y para producir resultados”, aseveró.
Feijoó apuntó que las políticas de prevención tienen “un goteo lento” cuyos resultados se pueden llegar a ver dentro de 10 o 15 años, agregando que abarcan a múltiples actores y acciones diversas como los cambios en los planes escolares, el desmantelamiento de los estereotipos de género y la incorporación de la discriminación y el sexismo como tema de los derechos humanos. “Esta situación de la covid en algún sentido atenta contra nuestras políticas de prevención porque rompe la trama social e institucional en las cuales se colocan”, planteó.
Política de shock
Además, dijo que es central pensar en una gran campaña nacional de lucha contra los femicidios que provea concientización y se centre en la oferta de los recursos necesarios para que cada mujer amenazada encuentre un servicio público que la atienda. “Cuando miramos el plan contra la violencia de género del Ministerio de las Mujeres, lo que tenemos es una enorme dispersión de acciones que comprometen a un montón de instituciones y eso es bueno, pero tal vez lo que hoy necesitamos es sintonía fina para erradicar de una vez la mortalidad por violencia de género. Necesitamos una política de shock”, expresó.
En una línea similar, su par de la Universidad de la República (Uruguay), Alejandra López, sostuvo que es clave ver de qué manera cada uno de nuestros países viene gestionando la pandemia. La académica uruguaya repasó algunas de las medidas que adoptaron los Estados en la región, entre ellas el confinamiento obligatorio o voluntario, el cierre de comercios no esenciales, el funcionamiento virtual de las escuelas, la cancelación de manifestaciones públicas y la prohibición de eventos familiares y reuniones pequeñas.
Para ella, estas medidas han sido un caldo de cultivo para las violencias de género. “Las familias han vendido lo que tenían, electrodomésticos o autos, lo que tuvieran para sostenerse. Sabemos que hay un déficit en el stock de resiliencia emocional, que hay cansancio, que aumentó la sobrecarga de los cuidados para las mujeres y que esto provocó un desgaste y otros efectos de salud mental, además de pérdida de oportunidades”, ilustró.
Asimismo, denunció que en Uruguay se viene registrando una defectuosa atención durante el embarazo, el parto y el aborto. “Hubo mujeres que no lograron acceder a abortos voluntarios, casos de violencia obstétrica, limitaciones en los servicios”, graficó. También insistió en que las respuestas frente a estas situaciones fueron insuficientes y que es necesario rediseñarlas, pensando en la pandemia como un proceso de mediano y largo plazo. “Tenemos la obligación ética de examinar a fondo estas dimensiones y desarrollar nuevas estrategias de disidencia política”, opinó.
A su vez, la representante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Virginia Vargas, destacó que aunque la pandemia impuso varias limitaciones también abrió un horizonte de posibilidades interesante. “En pandemia hemos ganado cosas increíbles, como la Ley del Aborto en Argentina, una ganancia para toda América Latina, y en Perú hemos conseguido tres logros importantes, el Convenio 189 de la OIT para las empleadas domésticas, que les da estatuto de trabajadoras, la Ley de Paridad y Alternancia y la Ley de Acoso Político”, enumeró.
Vargas remarcó que hay que entender la pandemia como un proceso que ha acelerado “una encrucijada civilizatoria”, poniendo al descubierto “la enorme contradicción que hay entre el avance del capital y la vida misma” y la disputa “entre un modelo depredador y nada menos que la sostenibilidad de la vida”. La activista peruana enfatizó que la crisis de la covid-19 muestra los límites de un modelo de vida violento y deshumanizado. “La violencia aparece como una marca civilizatoria que va mas allá de las mujeres, pero que tiene en su cuerpo su centro más brutal, inmediato y naturalizado, aunque no es solamente ahí donde se deposita. Lo que está en juego es un nuevo proyecto histórico de sociedad”, concluyó.
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