La tasa de encarcelamiento femenina creció un 53,3% en Latinoamérica entre 2000 y 2017
La mayoría están detenidas por delitos relacionados a las drogas y, principalmente, al narcomenudeo. Su detención no genera ningún impacto en los grupos de narcotraficantes.
22-10-2018
Aunque es sabido que el número de varones privados de libertad es mayor, la tasa de encarcelamiento de mujeres en América Latina supera, junto a Asia, la de cualquier otra región del mundo. Según el Institute for Criminal Policy Research (ICPR), la población carcelaria femenina total en América Latina creció un 53,3% entre 2000 y 2017, en comparación a los varones. Para analizar los desafíos actuales para los movimientos sociales integrados por mujeres detenidas, ex detenidas y familiares, y debatir sobre la posibilidad de pensar en la problemática en términos de redes regionales, la UNTREF a través del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), la Fundación Friedrich Ebert, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal y la Procuración Penitenciaria de la Nación organizaron un encuentro en la Sede de Posgrados de la UNTREF.
Durante la jornada, que se celebró el pasado 19 de octubre, se reflexionó sobre las evidencias estadísticas que marcan el aumento de la tasa de encarcelamiento de mujeres en América Latina. Coletta Younger, investigadora afiliada a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), fue la encargada de abrir la mesa titulada “Efectos de las políticas de drogas y propuestas innovadoras”. La experta en política internacional de drogas brindó datos sobre las tasas de encarcelamiento en Latinoamérica y Estados Unidos y compartió sugerencias para lograr mejores políticas públicas. Entre estas, se destacaron la de despenalizar el consumo de drogas y la de lograr una pena proporcional al delito cometido, ya que la mayoría de las mujeres presas están mal condenadas y su detención no genera ningún impacto en los grandes negocios del narcotráfico.
A continuación Andrea James, integrante del Consejo Nacional de Mujeres y Niñas Detenidas de Estados Unidos, pidió por la abolición de las cárceles y aclaró que las voces protagonistas de la población afectada deben liderar los espacios de reflexión y lucha para formar un colectivo que logre una reforma significativa al respecto. El cierre del panel estuvo a cargo de Ana Laura Fontán, quien narró su historia en prisión por tenencia de marihuana y aseguró que ninguna persona sale de estas instituciones de encierro con herramientas para el trabajo y la reinserción social.
El segundo panel estuvo a cargo de distintas dirigentes de organizaciones sociales, quienes pudieron contar sus desafíos y estrategias en lo cotidiano. Andrea Casamento, fundadora y presidenta de la Asociación Familiares de Detenidos de Cárceles Federales (ACIFAD) afirmó que deben tejerse redes desde lo colectivo, apoyándose en las voces y la experiencia de las mujeres privadas de la libertad y de los familiares que sufren con ellas el encarcelamiento.
En segundo lugar, la activista trans Yhajaira Falcón enfatizó que el colectivo al cual ella representa es discriminado en la cárcel tanto por las mujeres como por los hombres y reclamó mayor y mejor atención y escucha para las mujeres trans detenidas. Yhajaira sentenció: “Ser trava no es fácil, durante el día te odian y durante la noche te consumen”. Para cerrar su exposición, la activista defensora de los derechos de las mujeres trans en prisión realizó una llamada a una de las reclusas detenida en la cárcel de mujeres de Ezeiza, quien relató el maltrato, acoso y las malas condiciones de vida en los pabellones femeninos.
La representante del colectivo Yo No Fui, Liliana Cabrera, cerró la jornada. Al igual que las otras voces escuchadas durante el evento, Cabrera atestiguó que la experiencia en el penal es violenta y que necesitan ayuda y contención al finalizar la condena. “Es por eso que el colectivo feminista Yo No Fui trabaja día a día para lograr nuevos vínculos de las ex detenidas en la sociedad”, dijo.
El público presente, las expositoras y los organizadores pudieron reflexionar y debatir sobre las estrategias y las alianzas de trabajo para atenuar el impacto del encarcelamiento de mujeres y de la población trans, y repensar qué políticas públicas debería implementar un Estado que cumpla su rol como garante de derechos.
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