Los dilemas del federalismo fiscal en Argentina
En un nuevo encuentro del Seminario de Pensamiento Económico, el especialista en finanzas públicas Oscar Cetrángolo expuso sobre los desequilibrios asociados a la descentralización y la autonomía en nuestro país.
06-07-2021
La aplicación de la teoría del federalismo fiscal en la Argentina debe enfocarse en mejorar la provisión de servicios públicos–como la salud y la educación– y su financiamiento, aceptando que las definiciones que cada país adopta en relación con su organización federal no responden necesariamente a esta teoría. Adicionalmente, teniendo en cuenta la dificultad que territorios tan extensos y desiguales tienen para la operación del principio de correspondencia fiscal, la política fiscal debe tomar nota de esta dificultad y diseñar modos de intervención que mejoren la equidad en el acceso a estos servicios sociales y la eficiencia en el uso de los recursos escasos. La opinión es del especialista en finanzas públicas Oscar Cetrángolo, investigador del IIEP (UBA-CONICET), quién consideró que las experiencias que atravesó Argentina en esa línea presentaron serias deficiencias.
Durante su exposición en la octava reunión del Seminario de Pensamiento Económico Argentino, Cetrágolo, quien también es director de la Licenciatura en Economía de la UBA, hizo una retrospectiva sobre la teoría del federalismo fiscal. Desarrollada a mediados del siglo XX y representada por autores como Richard Musgrave, William Oates y James Buchanan. La teoría plantea que es posible mejorar la eficiente asignación de recursos mediante la descentralización hacia gobiernos subnacionales, siempre que se trate de territorios que puedan hacer internos sus costos y beneficios. Teniendo en cuenta que eso no es posible en muchos servicios sociales que en Argentina fueron objeto de descentralización, se hacen necesarias políticas compensadoras diseñadas desde el gobierno federal y adecuar los sistemas de transferencias de recursos.
En ese sentido, el economista dedicó un tramo de su presentación a las desigualdades que existen entre las diferentes jurisdicciones de Argentina. Así, mostró un gráfico con la última información oficial de PIB por provincia (INDEC, correspondiente al año base 2004) donde la Provincia de Buenos Aires concentra el 32,9 %, CABA el 20,6 %, Santa Fe el 8,8 %, Córdoba el 7,8 %, Mendoza el 3,9 %, la Patagonia –que incluye 5 provincias– el 9,2 % y el resto de las provincias –que son 14– el 16,7 %.
La antigüedad de la información es una muestra de la ausencia de estadísticas para diseñar políticas públicas, aunque también se mostraron estadísticas del último medio siglo para ilustrar que se trata de una realidad que tiene pocas modificaciones a lo largo del tiempo. Considerando que “este es un país en donde tenemos 5 jurisdicciones que generan las tres cuartas partes del producto y 19 que generan la cuarta parte” cualquier propuesta de reforma que plantee que cada jurisdicción financie un servicio social con sus recursos afectará negativamente la igualdad de oportunidades a lo largo del territorio. Además, señaló que la creación de nuevas autonomías a lo largo de la historia argentina no contó con el diseño de necesarias políticas compensadoras en el territorio.
Para ilustrar su punto, Cetrángolo indicó que la brecha de producto por habitante entre las provincias de mayor y menor valor de ese indicador entre las 14 jurisdicciones que eran autónomas bajo la Constitución de 1853 era de 3,68. Si consideramos las 22 jurisdicciones autónomas a partir de1952, la brecha entre Santa Cruz y la de menor desarrollo relativo (Formosa) era de 7,29. Mientras que, considerando las 24 jurisdicciones autónomas a partir de la Carta Magna de 1994, la brecha entre la de mayor PIB por habitante (CABA) y Formosa trepó a 7,38.
“La Argentina –remarcó– desarrolló autonomías sin haber tomado los recaudos necesarios para compensar las diferencias entre las provincias, la descentralización estuvo motivada por razones fiscales de corto plazo y no se tuvo en cuenta que eso generaba disparidades que había que corregir con políticas públicas que nunca se diseñaron”. Por otra parte, como consecuencia de la creciente importancia de tributos mejor administrados desde el gobierno central (Rentas, IVA, Internos Específicos, entre otros) aumentó la brecha entre responsabilidades tributarias y de gasto. En el año 1961 el gasto de la Nación representaba el 70 % del total consolidado y recaudaba un porcentaje similar por impuestos que administraba. Hoy, en cambio, el gasto nacional representa menos del 60 % del total y administra el 80 % de los recursos impositivos.
En sus consideraciones finales, el especialista señaló que como teoría, el federalismo no es un cuerpo autónomo y no debe considerarse ni bueno ni malo en sí mismo: “Lo que quiero es tener una buena política educativa y de salud que, después, se puede organizar más o menos descentralizadamente; lo importante es que eso esté en función de lo quiera hacer con esas áreas”, expresó. Cetrángolo advirtió además que hay algunos sectores que entienden que “lo más bueno es lo más federal” e insistió en que es clave “discutir las cuestiones del federalismo no de manera vacía sino asociados a la tributación, a la educación y a la salud”.
El seminario, organizado por el Centro de Investigación y Docencia para el Desarrollo (CIDED) de la UNTREF y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires de la UBA y el CONICET, continuará con cuatro encuentros abiertos a todo el público, martes de por medio entre las 17:00 y las 19:00 horas por el canal de YouTube de la UNTREF. El 13 de julio, Cetrángolo volverá a participar con una charla sobre el Estado en la provisión y financiamiento de bienes sociales; el 27 de julio, Luis Beccaria (UBA) expondrá sobre el mercado de trabajo, desigualdad y pobreza en Argentina; el 10 de agosto, Omar Chisari (UBA) profundizará en las aplicaciones del equilibrio general computado al desarrollo económico, y el 24 de agosto, Daniel Heymann (UBA) disertará sobre perturbaciones macroeconómicas y fallas de coordinación.
