El genocidio en Colombia

El accionar del paramilitarismo en el Departamento de Córdoba y la intervención de su universidad nacional fueron analizados por la profesora Alejandra Taborda Caro

23-05-2019

Las prácticas sociales genocidas implementadas por la organización paramilitar colombiana Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desmantelaron las instituciones educativas y fueron responsables por la muerte de 94.754 personas. Estos fueron dos temas destacados de la exposición que realizó la Dra. Alejandra Taborda Caro, ex decana de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba (Colombia), ante un grupo de estudiantes y docentes, organizada por el Centro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF, en la Sede de Posgrados Centro Cultural Borges.

Taborda Caro afirmó que las muertes provocadas por las AUC “las convierte en el grupo criminal que más víctimas ha dejado en Colombia”. La investigadora remarcó que lo ocurrido debe ser analizado en un marco cultural amplio, y enfatizó que las prácticas genocidas engloban no solo el aniquilamiento de las poblaciones sino también “la legitimación social lograda por los paramilitares para concretarla”.

En ese sentido, Taborda Caro señaló que “la lucha contrainsurgente tenía como eje articulador a las universidades”, y se explayó sobre el caso emblemático de la Universidad de Córdoba, ubicada en el departamento del mismo nombre que fue epicentro de las operaciones de estos grupos. “El objetivo de los paramilitares era controlar cualquier brote crítico”, dijo la investigadora, agregando que primero se dedicaron a “fabricar el miedo”. Según informó, el 31 de agosto de 1999 se conformaron las Autodefensas Universitarias, un comando que se ocupó de sembrar el desconcierto entre estudiantes y profesores con panfletos intimidatorios.  

“Luego vendría la época del terror, en el que fueron asesinados dieciséis integrantes y algunos profesores debieron exiliarse”, indicó.  Ella explicó que las AUC realizaron una cooptación administrativa y académica de la universidad, colocando su propio rector, estableciendo su propio estatuto docente, convirtiéndola en centro de prácticas nepotistas y evitando explícitamente los programas de formación en ciencias sociales y arte. “Hoy la universidad de Córdoba representa un caso sui generis en el mundo porque ha sido declarada objeto de reparación colectiva”, apuntó.  

Sin embargo, la intelectual colombiana expresó que más allá de este proceso de revisión histórica, existe todavía una resistencia a hablar de genocidio en su país, y que eso se debe a ciertas asunciones y creencias instaladas en el sentido común. “Muchos piensan que el paramilitarismo en Colombia surgió como una venganza de hijos cuyos padres fueron asesinados por la guerrilla”, comentó, planteando que su verdadero móvil era frenar una reforma agraria en ciernes y apaciguar los movimientos sociales y políticos para concentrar más poder.  

Narcotráfico

Así, la experta aludió a la estrecha vinculación de las AUC con la clase dirigente, y argumentó “que el 90 % de los senadores del Departamento de Córdoba están bajo investigación por estar comprometidos con la parapolítica”. Taborda Caro expresó que las prácticas genocidas fueron facilitadas por el clientelismo político en un contexto de extrema pobreza y que en esa historia también jugaron un rol fundamental los negocios ganaderos y el narcotráfico. 

“El departamento de Córdoba tiene las mejores llanuras para ganadería y una ubicación privilegiada para el contrabando, el tráfico de armas y el lavado de activos por su cercanía a Panamá”,  aseguró en relación a sus principales fuentes de ingreso, aclarando que muchos campesinos fueron desplazados a la fuerza de sus tierras. “El problema central fue el narcotráfico y la ausencia del Estado, no la venganza familiar”, evaluó e insistió que aunque el paramilitarismo se haya desmovilizado su influencia sigue vigente. 

La especialista expresó su preocupación por el asedio a líderes sociales, entre los que hay reclamantes de tierras, defensores de los Derechos Humanos y referentes ambientales y de acción comunal, 4500 de los cuales cuentan actualmente con esquemas de protección estatal. 

“Cambió la estrategia, dejaron de ser las masacres y se apunta a estos líderes, cuyas muertes tienen un gran impacto en el tejido social”, acotó e informó que según la fiscalía colombiana, en los últimos tres años más de 400 de ellos fueron asesinados. Para Taborda Caro, Colombia tiene un enorme desafío a nivel educativo y cultural. “Nos falta crear un proceso de memoria colectiva que no banalice el horror y nos permita defender la verdad”, concluyó. 

La Dra. Taborda hizo su presentación como parte de los estudios post-doctorales que se encuentra realizando en el Centro de Estudios sobre Genocidio  de la UNTREF,  y dijo que se embarcó en este proyecto gracias al apoyo que recibió de su director, el Dr. Daniel Feierstein, especialista de larga trayectoria en estos temas. Feierstein fue presidente de la International Association of Genocide Scholars (IAGS) y Miembro del Comité Académico de los journals Genocide Studies and Prevention y State Crimes Journal. También se desempeñó como experto independiente por las Naciones Unidas para la elaboración de las Bases de un Plan Nacional de Derechos Humanos argentino y ha sido juez del Tribunal Permanente de los Pueblos en numerosas sesiones. Es autor de varios libros de referencia en la materia, entre ellos El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina (2007), que cuenta con versiones en inglés y francés.