En Argentina la población carcelaria aumentó un 55 % en los últimos 6 años
El dato se desprende de un informe elaborado por el CELIV en el que se explica que la mayoría cumple prisión por delitos menores, como robo y narcomenudeo.
29-11-2019
Las condiciones de precariedad en las cárceles de nuestro país, la selectividad del sistema y la falta de oportunidades para los ex reclusos fueron los temas que recorrieron el debate alrededor del informe Contextos de encierro en Argentina: derechos y garantías procesales, elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la UNTREF en base a más de 1000 entrevistas realizadas a personas privadas de su libertad en unidades del sistema penitenciario federal y bonaerense.
Con la participación de especialistas y referentes territoriales, la investigación se presentó en la Sede Rectorado Centro de la UNTREF y reveló, entre otros aspectos, que desde 2013 a 2019 la población carcelaria aumentó un 55%; que el 50% de los presos entrevistados tenía 30 años o menos cuando fue detenido; que el 42% de ellos cursó estudios hasta la primaria; que el 39% son reincidentes y que el 72% de quienes ingresaron a la cárcel en los últimos 16 meses lo hicieron por delitos patrimoniales o vinculados a drogas.
“Para nosotros es notorio el crecimiento de la población carcelaria porque lo vivimos a diario: son nuestros pibes los que van desapareciendo de a poco”, comentó el director del Instituto Villero de Formación, Alejandro “Pitu” Salvatierra, alguien que conoce muy de cerca lo que pasa en las cárceles porque estuvo preso durante 7 años.
“Viví en el mundo de la delincuencia desde que tengo uso de razón. Cuando nací, mi papá ya llevaba preso varios años. Con él conviví dos años nada más, el resto lo tuve que ir a visitar a infinidad de unidades penitenciarias, lo que hizo que en nuestra familia la delincuencia se naturalizara, en algún punto”, comentó el dirigente barrial.
Salvatierra hizo un repaso por su vida personal, conmoviendo a los asistentes. “Yo cometí el error más grande de mi vida al elegir el camino del delito para resolver algunas cuestiones familiares, no teníamos dónde vivir, qué morfar, no teníamos prácticamente nada”, continuó y se refirió a las enormes dificultades que enfrentó para llevar una vida tranquila.
“Pasar por el servicio penitenciario me dejó un montón de marcas, pero la que más me costó entender es cómo una institución que debería facilitar determinadas cuestiones las complica. Poder terminar el secundario en la cárcel fue un suplicio, pero fui cabeza dura y me recibí”, ejemplificó. Además, denuncio la lógica militarista que impregna a estas instituciones y educa al personal penitenciario para que considere a los presos como “enemigos”.
El “Pitu” aseguró que en Argentina “poder reinsertarse en la sociedad con antecedentes penales es prácticamente imposible”, y compartió con los presentes la frustración que sintió al buscar trabajo una vez que recuperó la libertad. “Durante ocho meses fue una constante, o me dejaba afuera mi dirección en una villa de emergencia o los antecedentes penales. Parecía que para la sociedad ni siquiera podía limpiar el baño de un shopping. Pocas veces en mi vida tuve tanto rencor”, contó y dijo que en esa situación apareció la tentación de volver a delinquir.
Entonces lo convocaron de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. “A mí la posibilidad de tener un trabajo en blanco me cambió la vida. Como sociedad no tenemos conciencia de lo que implica dejar afuera a toda esta gente, genera mayor delincuencia y mayor violencia en los delitos que se cometen”, reflexionó Salvatierra. “La cárcel es un infierno en la tierra que lamentablemente no resuelve ninguno de los problemas de inseguridad que hay en nuestro país”, resumió el referente social.
En la misma línea, Marcelo Bergman, director del CELIV y de la Maestría en Criminología y Seguridad Ciudadana de la UNTREF, se detuvo en los efectos que tiene la cárcel en lo que pasa afuera. “Que haya cien mil personas presas en Argentina implica tener ciento cincuenta mil chicos sin padre y sin madre", dijo, agregando que el encarcelamiento no tiene mayores consecuencias en la reducción del delito. “En estos delitos menores, en cuanto se encarcela a alguien, lo cubre otra persona. La venta de droga y el robo de celulares no para”, explicó.
Bergman evalúo que “estamos en un proceso esquizofrénico” en el que “el encarcelamiento está siendo contraproducente para los objetivos de los mismos que presionan por encarcelar”.
Por otro lado, el subsecretario letrado de la Procuración General de la Nación, Gustavo Isaac Plat, presentó algunos datos que evidencian la falta de correspondencia entre el aumento de la prisionización y la infraestructura y el personal penitenciario existente.
“La capacidad del servicio penitenciario federal se incrementó entre 2013 y 2018 un 15%, muy por debajo de lo que se incrementó la demanda de plazas, y en el servicio penitenciario bonaerense prácticamente no se incrementó”, señaló el abogado sobre las instalaciones.
Su colega Silvia Martínez, defensora pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteó que el drástico crecimiento de la población carcelaria produce “fenómenos críticos de hacinamiento” y “nos habla de un escenario en el que no se puede trabajar ninguna política de reinserción con seriedad”.
Según ella, en contextos de empobrecimiento y exclusión social se cae en la respuesta fácil de encerrar cada vez a más gente. “Esto genera una combinación que más temprano que tarde nos va a explotar en las manos, no solo a los sistemas de justicia sino a nosotros como población”, acotó. La letrada también opinó que esa tendencia vende muy bien a nivel de la política y que detrás hay una actitud oportunista, porque el problema lo termina heredando otra gestión. “La garantía de derechos y la reducción de la violencia no son posibles en una cárcel con esos números”, concluyó la experta.
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